¿Primavera guatemalteca? Caso de corrupción

Otto Fernando Pérez Molina, es un ex militar del Ejército Guatemalteco. En 2011 participó en las elecciones presidenciales, como representante del Partido Patriota (PP) de tendencia neoliberal; dicho partido agrupa a la oligarquía tradicional y a algunos empresarios del país. Durante el extenso conflicto armado interno (1960-1996) algunos de los representantes de este partido se vieron involucrados en violaciones de Derechos Humanos. A pesar del presente histórico en Guatemala el PP, posee mucha aceptación en la población, esto se ve reflejado en la representaciones municipales con las que cuenta, equivalente al 42%, 139/334 alcaldías.

En las elecciones realizadas el 6 de noviembre de 2011, resultaron electos Otto Pérez Molina como presidente, junto con Ingrid Roxana Baldetti como vicepresidente de Guatemala. Convirtiéndose así, en el primer militar electo popularmente, en la nueva era democrática de Guatemala, un hecho realmente histórico pues si bien las elecciones se decidieron en una segunda vuelta la legitimidad de Pérez Molina fue respaldada por el 53.74% de los electores.

¿Qué sucedió con el Militar Molina?

Durante largo tiempo atrás en Guatemala se vivía un clima de incertidumbre y de corrupción, pero el silencio solo agravaba el panorama.

En el 16 de abril del presente año, funcionarios judiciales y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), organismo adscrito a Naciones Unidas, presentaron un primer resultado sobre la investigación de una red criminal “La Linea”, que recibía sobornos de importadores para evadir el pago de impuestos de aduana, específicamente la investigación se centra en 40 casos de funcionarios guatemaltecos.

Este acontecimiento generó indignación en la población guatemalteca, como respuesta se suscitó la primera gran concentración el 25 de abril. En los meses posteriores la presentación visual de protestas fue en aumento, los guatemaltecos salían a las calles a pedir la renuncia de Otto Pérez y de Ingrid Roxana Baldetti.

La red de corrupción, “La Línea”, cobraba sobornos a empresarios y usuarios de distintas aduanas del país, a cambio de modificar lo que los importadores debían pagar a hacienda. La investigación, utilizó como herramientas las escuchas telefónicas que ascendían a más de 80 mil, la lectura de más de 5 mil mensajes de correo electrónico, y la revisión de fuentes secundarias, más de 100 mil documentos recabados, además se investigó a 22 empresas involucradas con varios cheques. Encontrando referencias a “el uno” y “la dos” correspondientes a la participación de Pérez Molina y Roxana Baldetti. Aunque la investigación arrojaba una serie de participantes como: Omar Franco, director de la SAT,  Carlos Muñoz, su predecesor, Juan Carlos Monzón, exsecretario privado de la vicepresidenta y presunto líder de la organización criminal.

El 08 mayo, presentó la renuncia a la vicepresidencia Roxana Baldetti, por “motivos personales”, días más tarde fue capturada y llevada a un cuartel militar para guardar prisión  acusada de corrupción.

Cuando el Ministerio público y la CICIG anunciaron en rueda de prensa, que los cabecillas de la estructura de corrupción eran: el presidente y la vicepresidente de la nación en ese entonces, los aliados del gobierno dieron la espalda. La cúpula empresarial “en aras de la gobernabilidad y la transparencia y con el afán de fortalecer la democracia y preservar la institucionalidad” exigió la renuncia del presidente; así mismo los ministros de Economía, Sergio de la Torre, y de Educación, Cynthia Del Águila, y el comisionado para la Competitividad, Juan Carlos Paiz, cercanos a la cúpula empresarial, renunciaron a sus cargos, decepcionados por la participación de Pérez Molina dentro de la mafia de corrupción, significando este acto una ruptura irrevocable de la alianza con el sector privado y con algunos funcionarios públicos.

Durante varios días, la postura de Pérez Molina, fue de rechazo a las acusaciones, además se negaba a renunciar al cargo presidencial; en reiteradas ocasiones pidió perdón al pueblo guatemalteco, por las acciones que los funcionarios de su gobierno realizaron, mas no por una participación directa o vinculación en el escándalo.

Ante tal situación todo un pueblo salió a las calles más de 75 mil personas se manifestaron en el interior del país y otras 25mil personas en la capital, con el único objetivo de pedir la renuncia de Pérez Molina. Finalmente el mandatario anuncia su renuncia luego de que el congreso retirara la inmunidad para poder juzgarlo como un ciudadano ordinario, realizando la respectiva captura.

El fervor de las protestas permitió que se realizaran comparaciones con la Primavera Árabe, el fenómeno de movilizaciones populares que se produjo en algunos países del mundo árabe y Medio Oriente desde 2010.

Pero realmente, ¿fue similar el fenómeno guatemalteco  a la primavera árabe? ¿Se puede hablar de una primavera guatemalteca?

Si bien, en los últimos meses se forjo un repudio del pueblo hacia el gobernante, la ciudadanía no estaba luchando por sacar del poder a un régimen autoritario que llevara mucho tiempo en el poder, tampoco se encontraban agobiados buscando libertades, ni se produjeron fuertes violaciones a los derechos humanos, en este sentido si había libertad de expresión y libertad democrática; tampoco hubo un reclamo masivo por mejoras sustanciales en las condiciones de vida. Si bien, hubo una fuerte similitud, este fenómeno tuvo un único objetivo común, que era revelar la penetración de la corrupción y cómo se utilizaron los cargos públicos para lucrarse personalmente. No fueron alzamientos populares los protagonistas de sacar del poder al presidente, sino que fue una presión social que exigió a las instituciones actuar y tomar cartas para no dejar en la impunidad el hecho, una acción popular que forzó al Congreso a retirarle la inmunidad y dar vía libre a la orden de captura dictada por el juez.

ELECCIONES DOMINGO 06 DE SEPTIEMBRE

A tres días tras la renuncia de Pérez Molina, en las elecciones guatemaltecas el pasado domingo, se eligieron: presidente y vicepresidente, 158 diputados al Congreso, 20 legisladores al Parlamento Centroamericano y 338 alcaldías. Con 14 candidatos a la presidencia no se espera que ninguno alcanzará el 50% de los votos, por lo que una segunda vuelta era inevitable. Los dos candidatos con mayor puntaje según el conteo preliminar el candidato Jimmy Morales del frente de convergencia nacional versus Sandra Torres representante de la unidad nacional de la esperanza, se disputaran una segunda vuelta  el día 25 de octubre del presente año.

Ante las tensiones y el contexto político, según el tribunal supremo electoral guatemalteco, la afluencia de votantes disminuyó considerablemente; si bien la participación fue de más del 50% se considera un retroceso si se comparan al 75% de afluencia electoral cuatro años atrás, esto se traduce en un aumento de abstencionismo y de voto nulo producto del descontento provocado por los escándalos de corrupción.

Como agravante, se publicaron investigaciones independientes que hacían referencia a que el 75% del financiamiento de las campañas electorales en las que no se les asignan recursos públicos, proviene de dinero ilícito, 50% de la corrupción y 25% del narcotráfico, inclusive se demostró que algunos candidatos a la presidencia también se encontraban vinculados al caso de corrupción.

Perspectivas a futuro

En este sentido el problema de corrupción guatemalteco se encuentra penetrado en todos los niveles gubernamentales, si realmente se quiere combatir, son necesarias reformas a la ley electoral y de partidos, e instituciones; específicamente es necesario establecer protocolos procedimentales y leyes anti-corrupción, paralelamente la contraloría social debe hacerse presente con una mayor participación ciudadana que exija rendición de cuentas para evitar la corrupción en los funcionarios.

Es importante evidenciar que las nuevas autoridades llegarán con un mandato deslegitimado, porque son elecciones suscitadas en medio de una crisis política, donde el abstencionismo, el voto nulo y la poca participación del electorado provocaran una fuerte ilegitimidad. Por tanto a partir del 15 de enero de 2016, cuando tomen posesión las nuevas autoridades la aceptación de proyectos y las negociaciones con socios estratégicos será reducida.

Fuentes consultadas:

Crédito fotográfico: Casa de América

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