Estrategias contra la informalidad laboral en América Latina

Informalidad laboral en América Latina

La cobertura universal de protección social es un derecho humano amparado en distintos instrumentos internacionales. Sin este derecho, es complicada la consecución de un grado de desarrollo económico y social que reduzca la pobreza y la desigualdad y promueva la inclusión social. No obstante, es necesario aumentar la productividad y el índice de empleabilidad para lograr así que mujeres y hombres accedan a un trabajo decente.

El contexto en América Latina no es ajeno a esto. Los sistemas han sido establecidos bajo un método que no permite la obtención de las metas. Esto se debe a diversos fenómenos, tanto fiscales como productivos, laborales e incluso macroeconómicos. Ante este gran reto y la falta de efectividad de los sistemas resulta indispensable buscar una mejor forma de articular el empleo Con esto se lograrían estándares de calidad que favorecerían la protección social.

Informe sobre la coyuntura laboral en América Latina y el Caribe

Ante esta disyuntivas, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y la Oficina para el Cono Sur de América Latina de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) realizaron una investigación detallada: “informe Coyuntura Laboral en América Latina y el Caribe”. Publicado en mayo del presente año, el informe busca plasmar estrategias para tener las garantías básicas de seguridad social. En primer lugar, velar por un acceso a un conjunto de bienes y servicios a nivel nacional, que incluyan atención de salud esencial incluyendo atención de la maternidad. En segundo lugar, la garantía de seguridad básica para los niños que asegure el acceso a la alimentación, educación. En tercer lugar, seguridad básica para las personas en edad activa que no puedan obtener ingresos suficientes, en particular en caso de enfermedad, desempleo, maternidad e invalidez.

Las estrategias de este informe, escritas a manera de recomendaciones, buscan proporcionar protección social con el objetivo de asegurar avances progresivos mediante un sistema integral, que puede representarse como “escalera” de seguridad social.

En el primer peldaño se tienen las garantías básicas para la población, que pueden reflejarse en seguros sociales obligatorios y voluntarios. En el segundo peldaño se enfatiza la necesidad de asegurar la sostenibilidad financiera fiscal y económica. Para esto sin duda es necesario tener una visión generalizada acerca de cómo construir sociedades más inclusivas, mas igualitarias, garantizando la igualdad de derechos, que sean redistributivos, que ofrezcan garantías concretas de protección específicas de cada grupo de la sociedad. Para lograr este fin la propuesta es ampliar las transferencias monetarias redistributivas en las familias. Iniciar con un sistema de protección universal fundamentado en pactos sociales o por acuerdos de cooperación.

Un fenómeno común a la situación laboral actual de toda América Latina es la vulnerabilidad de los trabajadores que llegan a su jubilación. Estas personas no gozan de una protección social garantizada. A pesar de haber laborado  a lo largo de su vida no existe certeza de gozar de estos beneficios. Por tanto, la investigación plantea que es necesaria la integración de componentes contributivos y no contributivos para garantizar el acceso a pensiones y prestaciones de salud; esto con el fin de disminuir los gastos que enfrentan aquellos hogares en los que se ven obligados a adquirir estas prestaciones de forma privada. Las orientaciones de las reformas introducidas en estos dos ámbitos deben ser  en primer lugar la Seguridad económica para las personas mayores y en segundo lugar, protección frente a riesgos de la salud.

Desafíos para la consolidación de sistemas de protección social de cobertura universal

Uno de los más grandes desafíos para tener un sistema de protección social son los altos niveles de informalidad en las economías de los países de la región. Esto es un factor que directamente atenta contra la cobertura universal de la protección social, costeada únicamente mediante mecanismos contributivos. El trabajo informal perturba de manera directa la posibilidad de los trabajadores de incorporarse a la seguridad social y además es una limitante para la consecución de recursos tributarios necesarios para financiar las prestaciones.

Una solución necesaria es fomentar el empleo formal, así como articular el pilar contributivo con el pilar no contributivo, orientado a la protección de las familias que viven en condiciones de extrema pobreza, pobreza y vulnerabilidad.

Los principales desafíos institucionales para consolidar la protección social en América Latina son

  • adaptar la institucionalidad de la protección social, es prioridad que los países velen y concreticen la construcción institucional de la nueva protección social, y
  • generar espacio fiscal para el financiamiento de la protección social, evidenciada en la necesidad de incrementar el financiamiento público para consolidar sistemas de protección social.

Para esto es necesario enfocarse en dos ejes de reforma fiscal:

  • la reasignación de los presupuestos existentes y
  • el incremento de los recursos.

En la región, la mayoría de países se encuentra con altos índices de trabajo informal. Esto afecta directamente a las personas que no cotizan en una nómina salarial y no tienen una garantía de protección social. A la mayor parte de los países también se le dificulta la recaudación de impuestos tributarios, pero con lo recaudado tampoco se realiza la mejor redistribución.

Más de la mitad de la recaudación proviene del impuesto sobre el valor agregado (IVA) y otros impuestos sobre las ventas de bienes y servicios (impuestos indirectos), el 30% de la recaudación proviene de tributos sobre la propiedad, los ingresos y otros (impuestos directos). El otro 20% es sobre contribuciones de los salarios para la seguridad social. Contrario a los países de la OCDE que obtienen más del 40% de sus ingresos tributarios de impuestos directos. Además, los recursos de los sistemas de seguridad social (más desarrollados que en América Latina) representan casi el 27% del total.

En conclusión, es evidente la necesidad de ampliar el nivel de la carga tributaria, ya que de esta manera pueden lograrse efectos inmediatos e intermedios, adecuando los recursos a las crecientes demandas de gasto público. Únicamente con mayores recursos procedentes del cobro de impuestos, los países de la región podrán ejecutar políticas públicas que permitan incrementar la cohesión social y construir sociedades más igualitarias. En este sentido la región debe profundizar las políticas, destinando mayores recursos, y paralelamente debe dotarlas de una institucionalidad renovada.

Fuente consultada: 

Coyuntura laboral en América Latina y el Caribe: Protección social universal en mercados laborales con informalidad”, OIT (2015) disponible en: http://www.ilo.org/global/docs/WCMS_368174/lang–es/index.htm

Crédito fotográfico:
Eileen Mairena Cunningham

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